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La ley de pensiones de Durango, que se reformó en 2018, es una de las leyes más avanzadas y con más sentido de protección para el trabajador que decide separarse del servicio activo, ya que en su reforma del 18 permitió que se le de viabilidad financiera en virtud de que en años anteriores a la reforma, los recursos y fondos disponibles ya eran insuficientes para el pago de las pensiones.

Entre los rasgos más destacados de dicha reforma se destacan los siguientes:

A) Se le otorgó viabilidad financiera al Instituto de Pensiones, contemplando la revisión de su condición financiera cada 4 años.

B) Conserva su régimen solidario y de reparto. Esta solidaridad intergeneracional permite que quienes se jubilan, reciban el 100% de su salario regulador.

C) Se introduce la figura de estímulo a la permanencia, que otorga en el primer año de permanencia el 17.5% del concepto sueldos y salarios a quienes han cumplido con edad y antigüedad para jubilarse y no se jubilan incrementándose dicho porcentaje cada año hasta llegar al 40%.