La carta magna es la legislación primordial que tiene la nación mexicana, de ella emanan las demás leyes vigentes en el país. Se divide en dos partes: dogmática y orgánica, la primera establece los derechos esenciales de los ciudadanos mexicanos, como la garantía, entre otras cosas, a la educación de calidad, igualdad y equidad de género, la protección del trabajo y la libre asociación en sindicatos, la libre expresión, libertad de tránsito, etcétera. Por otro lado, la parte orgánica establece la creación, atribuciones y responsabilidades de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo que componen el gobierno mexicano.

Es el documento que rige la vida interna del SNTE. De él emanan y se garantizan los derechos y obligaciones de los agremiados, así como las funciones, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los Órganos que constituyen la organización sindical. Además se estipulan los procedimientos y  medios para la elección de la dirigencia nacional y seccional.

Del estatuto se desprenden los objetivos esenciales del Sindicato: la defensa de los derechos laborales, económicos y profesionales de los trabajadores de la educación, y la defensa de la educación pública, de calidad, con equidad, laicidad y gratuidad.

Es el pacto emitido por la ONU que se divide en 6 partes y que exhorta a todos los países que lo han ratificado a garantizar la protección a los derechos humanos básicos de todos sus habitantes, tales como: el derecho de la libre determinación, derecho de igualdad entre hombres y mujeres, derecho a la vida, abolición de todo tipo de esclavitud, derecho de libertad y a la seguridad personal, derecho de libertad de tránsito, derecho de libertad de pensamiento y de religión.

Es el pacto emitido por la ONU que se divide en 5 partes y establece la obligación por parte de todos los estados adheridos a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales así como civiles y políticos de todos sus habitantes, de tal modo que asegure el correcto desarrollo de sus capacidades, así como la dignidad humana. Entre los derechos que se establecen están: el derecho al libre trabajo u ocupación, a la remuneración justa y equitativa, a la libre afiliación a sindicatos para la defensa de sus derechos laborales, al derecho a la educación de calidad y gratuita.

Establece la obligatoriedad que tienen los Estados adherentes a respetar los derechos básicos de sus ciudadanos, entre los que se encuentran: el derecho y respeto a la vida, derecho a la integridad personal, a la abolición completa de cualquier forma de esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal y al respeto del debido proceso judicial, derecho a las libertades de religión y de expresión, así como a los derechos de reunión, de libre asociación, a la identidad, a la nacionalidad, a la protección a la propiedad privada, del libre tránsito, a la educación y al trabajo digno e igualitario.

Son disposiciones de carácter obligatorio para todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo que buscan garantizar los derechos de libre asociación y constitución de sindicatos por parte de los trabajadores, así mismo establece la libre afiliación, la autonomía sindical, que vela por la libertad de elección de los representantes sindicales, así como la conformación de los estatutos internos más convenientes y la obligación de los gobiernos afiliados a la OIT a tener una legislación nacional que garantice tales libertades.

Es el encargado de regular todo lo inherente a las normas de investigación, procesamiento, pruebas, recursos, notificaciones, fundamentos de la demanda y sanciones de los procedimientos que se hacen entre partes civiles dentro del territorio mexicano.

Es el encargado de regular la normatividad en materia tributaria dentro del territorio mexicano, estableciendo la obligatoriedad de todos los ciudadanos a contribuir con el gasto público, en dicho código se establecen las obligaciones y derechos de los contribuyentes, las facultades de las autoridades fiscales,  los delitos, penas y sanciones en materia fiscal, así mismo establece las normas a seguir en los procedimientos administrativos por parte de las autoridades fiscales y los modos de operación para su ejecución.

Este Código se encarga de establecer la normatividad y los procesos que se deben seguir durante la investigación, procesamiento, medidas de protección y cautelares, ejecución de la sentencia o sanciones para esclarecer acciones tipificadas y delitos, de tal modo que sirvan para determinar la culpabilidad de las partes y garantizar justicia a los involucrados, además de garantizar el correcto y debido proceso judicial, así como el derecho a la correcta defensa y legalidad.

Es el encargado de determinar las generalidades de los delitos, sanciones, acusados y responsabilidades de todas las acciones tipificadas en la República Mexicana. Establece la definición, condiciones, agravantes, sanciones, penas y ejecución de la sentencia, ya sea en términos monetarios o bien, con medidas de privación de la libertad, de varios delitos, tales como el robo, homicidio, terrorismo, portación de armas prohibidas, delitos cometidos por los servidores públicos, falsificación de papel moneda, etc.

Dicha ley busca regularizar, en lo particular, el derecho a la información pública por parte de los ciudadanos mexicanos, así como la obligatoriedad de disponer y divulgar información de interés en materia transparencia y rendición de cuentas de todos los organismos que son considerados sujetos obligados. De igual manera establece los procedimientos para solicitar información, los modos de impugnación en caso de negativa o inconformidad y de las sanciones e infracciones que se puedan suscitar. Con ello se pretende dar certeza y responsabilidad del cumplimiento de las actividades, funciones y objetivos que realizan día a día todos los organismos públicos y privados que reciben recursos públicos.

La Ley General de Educación tiene como objetivo garantizar y proteger el derecho básico de los ciudadanos mexicanos a recibir educación básica de calidad, maximizando el desarrollo de las habilidades, conocimientos e intereses de los educandos, en beneficios de su desarrollo personal y contribuyendo a una mejora en el país. Además, establece las funciones y obligaciones de las autoridades nacionales y estatales en materia de educación y de evaluación educativa, así como las generalidades básicas del funcionamiento de la actividad escolar en México (planes de estudio, calendario escolar, constancias y diplomas de estudio, inclusión de los padres de familia y de la sociedad en general en asuntos escolares).

En esta ley se establece la normatividad que sirve para determinar las obligaciones de los servidores públicos, las cuales rigen la correcta actuación de sus funciones, así mismo establece las responsabilidades y faltas administrativas por su inadecuada conducta y los procedimientos y sanciones aplicables a tales faltas. Del mismo modo, se establecen mecanismos para la prevención y corrección de tales sucesos, así como las responsabilidades y obligaciones de los órganos y autoridades internas para la investigación y sanción de faltas en las dependencias públicas.

Esta ley busca, en lo particular, garantizar los derechos y cuidados básicos que tienen los niños y adolescentes en territorio mexicano, tales como: a ser tratados con igualdad, a la protección de su salud, a ser libres de todo tipo de violencia, al sano desarrollo y bienestar y a obtener educación básica de calidad para potenciar su desarrollo social, intelectual y artístico. Del mismo modo regula a las instituciones y autoridades nacionales y estatales que velan por la protección y desarrollo integral de los niños y adolescentes.

La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros tiene como objetivo principal regular y normalizar los procedimientos para la selección, admisión, desarrollo profesional, promoción y reconocimiento del personal que ejerza funciones de docente, directivo o de supervisión dentro de los centros educativos del país, de tal modo que se les pueda reconocer a dichos trabajadores como motores e impulsadores de la educación de calidad en México.

El objetivo de esta Ley es la de reglamentar y regular todo lo referente en materia de mejora continua en la educación que se estipula en el artículo 3ro. constitucional. Dentro de esta Ley estipula y determina las funciones, obligaciones y atribuciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y los organismos que lo integran como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el

Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación de tal modo que se pueda fomentar y garantizar la excelencia y equidad en los servicios educativos que proporciona la nación mexicana.

La Ley Federal del Trabajo regula, en particular, todo lo referente a las condiciones y relaciones obrero-patronales dentro del territorio mexicano, entre las disposiciones legales de las que se encarga están: determinar las jornadas máximas de trabajo, el pago de horas extras, la obligatoriedad de la capacitación, los días de descanso, los períodos vacacionales, el pago del PTU, los pormenores de los contratos individuales y colectivos de trabajo, todo lo referente a huelgas, las responsabilidades y obligaciones de las autoridades nacionales y estatales en materia laboral y de los procesos de conciliación en materia de conflictos laborales, etc.  Así mismo, garantiza la protección a la libre asociación de los trabajadores en sindicatos, federaciones y confederaciones para la protección de sus derechos laborales.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo se encarga de proveer las directrices para la correcta realización y desarrollo formal de todas las acciones necesarias en la intervención de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada para la consecución de sus objetivos propios, en dicha ley se establecen los criterios de formación del acto y del procedimiento administrativo, así como las nulidades, extinciones de tales actos y procedimientos.

Esta Ley rige los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ella se estipulan los elementos, requisitos, plazos y procedimientos que se deben seguir en un juicio contencioso administrativo como: la demanda, la contestación, las medidas cautelares, los incidentes, las pruebas,  las notificaciones, los exhortos, la sentencia, su cumplimiento y suspensión, entre otras.

En esta ley se contemplan los derechos laborales de las personas que trabajan para el Estado, establece, entre otras cosas: las jornadas y horarios máximos de trabajo, las generalidades del salario, los mecanismos de ascenso por escalafón, los riesgos y enfermedades de trabajo, las garantías de la libre asociación colectiva de sindicatos para la protección de los derechos laborales de los trabajadores, las condiciones legales para una huelga, los mecanismos de resolución y conciliación de conflictos laborales, etcétera.

En la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se disponen, en lo particular, los procedimientos establecidos ante el Congreso de la Unión para realizar juicios políticos en contra de los servidores públicos mencionados en el art. 110 de la CPEUM que incurran en violaciones graves en contra de la Constitución, violaciones graves en cualquier ley federal o por la malversación de recursos públicos, así mismo, enuncia los procedimientos para su declaración de procedencia, su desarrollo y su sentencia.

En esta ley se establece la obligatoriedad de proporcionar servicios de salud y de seguridad social a todos los trabajadores al servicio del Estado que sean derechohabientes y a sus familiares. Tales servicios son, por ejemplo, garantizar la prevención y tratamiento de enfermedades, seguros de riesgos de trabajo, seguro de retiro, seguro de invalidez, prestaciones de carácter económico, tales como: préstamos personales, hipotecarios y servicios de esparcimiento, como los servicios turísticos y programas culturales. Así mismo establece las funciones, responsabilidades y objetivos del ISSSTE.

Esta ley se encarga de velar por la seguridad y el uso correcto de los datos personales en posesión de entes y organismos particulares, asegurándose que sean usados con la finalidad correcta y legítima, garantizando la privacidad personal así como el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de la información, también garantiza la corrección de datos y revocación de uso por parte del titular de la información. Por otro lado, dota de autoridad en materia de transparencia y de protección de datos al INAI.

En dicha ley se busca normalizar, en lo particular, el libre derecho de los mexicanos al acceso de la información que sea considerada de carácter pública, proveniente de todos los entes obligados que reciban recursos y aportaciones públicas. Establece las obligaciones y la forma de distribución de dicha información por parte de los sujetos, de los procedimientos para poder solicitarla y de las atribuciones y funciones que tienen las autoridades en materia de transparencia y rendición de resultados a nivel federal y estatal.

La Ley de Amparo busca regular, en lo particular, lo mencionado en los artículos 103 y 107 de la CPEUM en materia de amparo: establece los modos, involucrados, notificaciones, tiempos, impedimentos, improcedencias, sentencias, impugnaciones y demás generalidades dentro de los procedimientos de los recursos de amparo contra sentencias, actos u omisiones emitidas por alguna autoridad.

La Ley de Ciencia y Tecnología establece la obligatoriedad que tiene el gobierno mexicano para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar las actividades de investigación científica, desarrollo de tecnología y de innovación técnica que busquen resolver problemas nacionales para contribuir con el desarrollo y elevar el bienestar de la población. Además establece las funciones y la manera de coordinación de las autoridades nacionales y estatales en materia de investigación, de igual manera establece la coordinación entre las autoridades con los centros educativos promotores y desarrolladores de conocimiento científico y técnico.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro tiene como objetivo primordial dar las pautas para el correcto funcionamiento del Sistema del Ahorro para el Retiro de todos los trabajadores, es decir, se encarga de regular todas las entidades que fungen como Administradoras de Fondos para el Retiro y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, establece obligaciones tales como estar debidamente constituidas ante las autoridades competentes, contar con un consejo de administración debidamente constituido, emitir estados de cuenta a los trabajadores de manera periódica y procurar la maximización de las ganancias en las inversiones de las aportaciones de los trabajadores para aumentar sus rendimientos y ganancias en su patrimonio. Además emite las reglas de funcionamiento para las cuentas individuales de aportaciones, del mismo modo confiere funciones específicas y la estructura orgánica de la CONSAR como principal organismo que regula las actividades de todos los actores en el sistema nacional para el retiro.

En dicha ley se establece la obligación por parte del Estado de velar por la protección y la defensa de los derechos de todos los usuarios que emplean servicios financieros por parte de organizaciones públicas y privadas autorizadas para funcionar como prestadores de estos servicios. Especifica la obligatoriedad de todos los prestadores de servicios financieros a estar debidamente registrados, constituidos y a operar de acuerdo a las normas establecidas en dicha ley. Así mismo, explica los distintos medios de conciliación en conflictos entre los usuarios y los prestadores de servicios, otorgando una correcta orientación jurídica y defensa legal por parte de la CONDUSEF. Del mismo modo otorga funciones y la estructura orgánica de dicho organismo, como principal actor en la defensa de los intereses de los usuarios.

En la Ley del INFONAVIT se encuentra el marco regulatorio, la estructura orgánica y las funciones, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de cada área que compone el instituto, que permitan cumplir con el objetivo de administrar de manera correcta el Fondo Nacional de la Vivienda, el cual posibilita un financiamiento asequible para que los trabajadores puedan adquirir una casa-habitación o bien, reparar, ampliar o mejorar sus viviendas actuales.

En la Ley del Seguro Social se contempla el derecho a la salud y al bienestar de los derechohabientes y  sus familiares. Tales derechos contemplan la prevención, asistencia y tratamiento de enfermedades, servicios médicos básicos y de especialidad, seguros de riesgos de trabajo, seguro de retiro, seguro de invalidez, seguros de enfermedad y maternidad, prestaciones en especie o en dinero, tales como préstamos personales, hipotecarios y servicios de esparcimiento, como los servicios turísticos y programas culturales. Así mismo establece las funciones, responsabilidades y objetivos del IMSS.

Este reglamento tiene como objetivo identificar y regular los derechos y obligaciones de todos los trabajadores (funcionarios, jefes y empleados) que dependan de la Secretaría de Educación Pública, de tal modo que se puedan establecer las condiciones laborales de los trabajadores. En dicho reglamento se expresan las generalidades para los nombramientos, promociones, movimientos escalafonarios, de las jornadas de trabajo, de los controles de asistencia, de las percepciones económicas y vacaciones, de las licencias con o sin goce de sueldo, de los cambios, de las suspensiones y destituciones de sus cargos. Así mismo se establecen las reglas generales de las circunstancias aplicables para las infracciones y recompensas en el ejercicio de sus funciones.

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública se estipulan, de manera específica, los objetivos, atribuciones y obligaciones de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados (subsecretarías, coordinaciones, direcciones y jefaturas) que componen la organización interna de la SEP. Además se establecen y especifican las facultades de los puestos internos, tales como las atribuciones del secretario de educación, de los subsecretarios, del oficial mayor, jefes de oficina, directores de área, jefes de departamento.

En este reglamento se pretenden establecer las reglas generales, clases, derechos y requisitos para la operación del sistema escalafonario de los trabajadores de base al servicio de la SEP, de tal modo que se puedan realizar los ascensos y permutas de manera transparente, respetando los derechos laborales. Así mismo, establece la organización interna y las atribuciones de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y de sus integrantes.

En el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia se establecen la organización interna, responsabilidades y atribuciones de las diferentes de asociaciones de padres de familias que se pueden constituir en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública. Regula además los puestos internos dentro de las asociaciones, así como las disposiciones generales para su funcionamiento, asistencia y recursos.

Dicho reglamento tiene como objetivo principal regular todo lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor en relación a la protección de los derechos morales y patrimoniales de obras artísticas, literarias, musicales o científicas. Dentro de las regulaciones se especifican los modos y formalidades para celebrar actos, convenios y contratos para transmitir derechos patrimoniales, de las generalidades de los derechos de protección para los autores y de las limitaciones, en cuanto al uso de una obra, para causa de utilidad pública, así como de los procedimientos para el registro de las obras y de los derechos que de ello se devengan, así mismo especifica infracciones y los procedimientos para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

En este reglamento se busca regularizar todo lo referente a los derechos, apoyos y estímulos que dispone la legislación mexicana para el fomento de actividades en organizaciones civiles que no persigan fines de lucro o realicen actividades de proselitismo partidista político o religioso. Estipula la ayuda y apoyo por parte del gobierno para el fomento de sus actividades, de la coordinación que debe existir entre las autoridades para lograr tal apoyo y del registro federal de sociedades civiles.

Dentro de este reglamento se estipulan regulaciones para la protección de áreas, zonas o monumentos que estén identificados y acreditados como patrimonio cultural de la nación, entre ellas se establecen vínculos de cooperación entre asociaciones civiles, juntas vecinales o uniones de campesinos que coadyuven con la protección de tales lugares; determina las reglas de operación para poder acreditar una declaratoria de monumento artístico o histórico, así como la composición de un registro público de dichos lugares. Así mismo, dispone regulaciones para evitar el tráfico, deterioro y venta de piezas consideradas bienes de patrimonio cultural.

En este reglamento se pretende establecer, en lo específico, regulaciones en materia de transparencia para los sujetos obligados, con el fin de cumplir con el deber de rendir cuentas de los recursos con los que dispone y de las actividades y resultados que realiza conforme a sus objetivos. De la misma forma, establece las funciones de las áreas y órganos internos de control de cada dependencia, que garantizan el cumplimiento de obligaciones. Por otro lado, se regula la clasificación de información conforme a su contenido y determina las generalidades de la información de carácter reservado o confidencial. Además se incluyen distintas disposiciones que se deben seguir para los procedimientos de acceso a la información y corrección de datos personales.

El Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte busca disponer, en lo específico, ciertas regulaciones para la participación de todos los niveles de gobierno en el fomento del deporte y la cultura física en todos los niveles de la sociedad, por medio del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, así como el apoyo para deportistas y entrenadores en justas deportivas a nivel nacional e internacional. Además establece la organización interna, las funciones y responsabilidades de las diferentes áreas y puestos que componen el SINADE. También, en el reglamento existen disposiciones sobre los derechos y obligaciones de las asociaciones y sociedades deportivas.

En este reglamento se pretende regular el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en un ambiente de igualdad para el ejercicio de sus derechos, así como la garantía de la no discriminación y la creación de las condiciones para la igualdad de oportunidades y el pleno desarrollo en los ámbitos sociales, económicos, laborales, educativos, deportivos, legales, de salubridad, etc. Además establece la obligación del gobierno mexicano de velar por la garantía de tales derechos y de proveer los medios para el libre desarrollo de las personas con discapacidad.

Este acuerdo, firmado por las autoridades del gobierno federal, de los gobiernos de los estados de la República Mexicana y del SNTE, tiene como propósito generar las bases necesarias para la implementación de estrategias efectivas que sirvan para la modernización del sistema de educación nacional, con énfasis en la educación básica, al ser el nivel en donde se adquieren los conocimientos esenciales. Tales estrategias van encaminadas a extender la cobertura de los servicios educativos en todo el país, así como elevar la calidad en los niveles educativos, de tal manera que estén alineados a los retos actuales. Así mismo, determina el compromiso de todos los niveles de gobiernos para asegurar una legislación adecuada en materia educativa y contar con las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo dicha tarea.

Dicho acuerdo establece los lineamientos para la creación y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social, que actuará como una instancia nacional encargada de reunir y asesorar a todos los actores involucrados en la educación en México (asociaciones de padres de familia, autoridades educativas nacionales y estatales, maestros, el SNTE, así como la sociedad en general), apoyando y colaborando en la creación de estrategias, contenido y actividades que sirvan para fortalecer y elevar la calidad de educación básica.

En este acuerdo se establecen los lineamientos generales a nivel nacional para la constitución y funcionamiento de los consejos estatales, municipales y escolares de participación de la sociedad en la educación, que servirán de apoyo, consulta, asesoría y orientación en la promoción de los diversos actores de la sociedad, para que se involucren en el desarrollo de la calidad en la educación básica, así como extender su cobertura a nivel nacional.

En este acuerdo se regulan los criterios a emplearse para el registro de evaluación del desempeño académico de los estudiantes, fijando las fechas de periodos de evaluación y de comunicación de los resultados, además de contener los criterios y elementos de las boletas de evaluación, escalas de calificaciones, los requisitos para la acreditación de los grados educativos y las subsecuentes promociones de grado, así como los requisitos y elementos para recibir certificados al concluir cada nivel educativo.

En tal acuerdo se establecen los lineamientos de Operación del Programa de Atención Directa a la Escuela, además se modifican los anteriores lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, de modo que sean acordes al objetivo de tales programas, que es el de atender de manera directa las áreas e infraestructura prioritarias de las escuelas de educación básica.

En tal acuerdo se establecen los objetivos, criterios, cobertura, población beneficiaria, integración y funcionamiento de los Comités Escolares de Administración Participativa, criterios de asignación y manejo de recursos así como el control y comprobación de dichos recursos del programa “La Escuela es Nuestra” que tiene como objetivo la asignación de subsidios para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de centros de educación básica a nivel nacional que permita una mejora en su infraestructura y equipamiento para brindar un espacio digno, optimo y cómodo a los alumnos, docentes y padres de familia.

Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí tiene como objetivo garantizar y proteger el derecho básico de los ciudadanos del estado de San Luis Potosí a recibir educación básica de calidad, maximizando el desarrollo de las habilidades, conocimientos e intereses de los educandos, en beneficios de su desarrollo personal y México. Además, establece las funciones y obligaciones de las autoridades estatales en materia de educación y de evaluación educativa, así como las generalidades básicas del funcionamiento de la actividad escolar en cada estado conforme a lo establecido en la CPEUM, LGE y las leyes estatales vigentes aplicables.